Los concejales evaluarán las candidaturas. No puede ser reelecto y para su remoción se requiere un juicio político. Además, a fines de la próxima semana podría definirse la concesión del transporte urbano.

Finalizó el periodo de inscripción para ejercer el rol de defensor del Pueblo de Ituzaingó. La documentación presentada por los postulantes serán evaluadas en comisión y luego, con el voto de las dos terceras partes del total de los miembros del Legislativo municipal, se definirá quién ejercerá ese rol durante cinco años. En paralelo, también analizan qué empresa tendrá a su cargo el servicio de transporte urbano de pasajeros.

El edil Silvio Romero recordó que la Defensoría está vacante tras la renuncia de quien era su titular. Por eso -desde el 14 y hasta el 25 de marzo- en el Concejo recibieron las carpetas con la documentación que avala a quienes aspiran a ser el o la titular de la institución, establecida en el artículo 279 de la Carta Orgánica Municipal, norma que específicamente la define como "un órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad". 

En esta oportunidad, para ejercer ese rol se inscribieron: Normandía Valenzuela, Lorena Florentín, Ángel Ezequiel Gallardo, Joaquín Camargo, Ángel Muller, Sebastián Méreles, José Ortega, Eva Silva, Ariel Monges, Germán Peralta, Alejandra Bizarro, Cristela Gaúna, Amalia Romagnoli, Érica Antonini, Efraín Sebile y Magna Elisa Jhasin.

Las carpetas que cada uno de ellos presentó fueron enviadas a la Comisión de Poderes y Peticiones, donde sus integrantes analizarán si cumplen con los requisitos fijados por la legislación municipal vigente. 

En tanto, la designación del nuevo defensor del Pueblo se hará en una sesión especial y quien resultare electo deberá contar con el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes del cuerpo deliberativo, mientras que su mandato "es de cinco años", precisó Romero. 

Recordó que la Carta Orgánica establece que para este caso no hay reelección y que el defensor solo puede ser removido por medio de un juicio político.