Una explosión terrible en el centro de la ciudad de Buenos Aires. En segundos, la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) se había convertido en un montón de polvo y escombros que ocultaba a 85 muertos y más de 300 heridos. Fue el 18 de julio de 1994 y lo que siguió fueron tres décadas de impunidad para los responsables del atentado terrorista. ¿Quiénes fueron? ¿Por qué lo hicieron? No se sabe. Los investigadores atendieron pistas falsas y desdeñaron otras posibles. Los poderes políticos locales e internacionales buscaron sacar rédito. El juez, los fiscales y agentes que debían desentrañar la verdad terminaron condenados por encubrirla. Y la causa judicial por el ataque —que apunta contra Irán y Hezbolá— continúa en trámite, un signo de interrogación abierto que no deja cerrar las heridas. Este jueves, cuando se cumpla un nuevo aniversario de la masacre, familiares y amigos de las víctimas, junto a representantes de la comunidad judía, funcionarios y referentes de distintos sectores políticos y sociales, volverán a manifestarse para exigir justicia.
“Ha sido la propia actuación estatal la que ha impedido a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad de los hechos”, sentenció hace apenas algunas semanas la Corte Interamericana de Derechos Humanos al condenar al Estado argentino por no haber investigado ni prevenido el atentado a la AMIA. Las alertas no habían faltado: dos años antes, el 17 de marzo de 1992, un ataque similar, también con un coche bomba, había matado a 22 personas y herido a más de 200 en la voladura de la Embajada de Israel.
El desvío de la pesquisa
Durante la pesquisa inicial del atentado a la AMIA, a cargo del entonces juez Juan José Galeano, “el Estado utilizó su propia capacidad e institucionalidad para desviar la investigación a través de una serie de irregularidades” y “el abandono deliberado de algunas líneas de investigación”, en particular la llamada pista siria, según concluyó el tribunal internacional. Ya desde el primer momento no se protegió la escena del hecho, no se recolectaron ni se custodiaron adecuadamente las pruebas y se hicieron operaciones por fuera del expediente judicial. Como parte de esas maniobras, y para involucrar falsamente en el caso a un grupo de policías, funcionarios judiciales sobornaron con fondos de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) al traficante de autos Carlos Telleldín —quien había vendido la furgoneta Renault Trafic que se habría usado como coche bomba—.
Alrededor de esos supuestos implicados en la conexión local se realizó el primer juicio sobre el atentado. Terminó con todos absueltos y afloró la trama de irregularidades que la había sembrado. A partir de allí se inició otra causa, centrada en el encubrimiento y el incumplimiento de sus deberes como funcionarios del juez Galeano, los fiscales del caso, autoridades de la SIDE, policías, representantes de la comunidad judía e incluso el expresidente Carlos Menem, hoy ya fallecido. Los magistrados y los funcionarios de inteligencia, entre otros, fueron condenados. Pero el fallo fue apelado y aún no está firme.
Dictamen y muerte
Después del estrepitoso fracaso del primer juicio, el Gobierno —entonces a cargo de Néstor Kirchner— creó en 2004 una unidad especial para investigar el ataque terrorista y puso al frente al fiscal Alberto Nisman. Su dictamen, conocido en 2006 y basado en informes de inteligencia argentinos, israelíes y estadounidenses, consideró que el atentado fue ejecutado por la organización libanesa Hezbolá, a instancias de las máximas autoridades de la República de Irán, en represalia por la suspensión de virtuales compromisos de proveer tecnología nuclear a ese país. Nisman pidió la captura de ocho exfuncionarios iraníes, incluido el expresidente Ali Akbar Hachemí Rafsanyaní, quien falleció en 2017.
