La decisión fue comunicada abruptamente por el director de Recursos Humanos el viernes al mediodía, notificando al personal que quedarían "desafectados" y que se iniciarían negociaciones para una "compensación económica" en lugar de indemnización formal, situación que para los empleados es un despido sin garantías claras.

   Tras el anuncio, dos camiones retiraron materia prima de la planta, lo que generó preocupación y reclamos de los trabajadores para detener el vaciamiento hasta que se resuelva su situación laboral. Aunque no recibieron telegramas formales de despido, quedaron sin trabajo y sin certezas para sostener a sus familias, lo que ha motivado movilizaciones y el reclamo urgente por intervención estatal en una ciudad de unos 35 mil habitantes donde la fábrica era un motor económico relevante.

   Este cierre se da en un contexto de crisis económica nacional y problemas financieros dentro de la empresa. Tía Maruca, fundada en 1998 por Alejandro Ripani, adquirió notoriedad tras comprar en 2017 la planta Dilexis en San Juan y llegó a controlar cerca del 5% del mercado nacional de galletitas. Sin embargo, desde 2019 la compañía enfrentó retrasos en pagos salariales y deudas que la llevaron a un concurso preventivo homologado este año.

   Además del cierre en Chascomús, la planta de San Juan también paralizó su producción recientemente, afectando a 300 empleados que tuvieron que tomar vacaciones forzadas en medio de atrasos en salarios. En 2024, el grupo Argensun Foods, líder en girasol confitero, adquirió el 50% de la empresa, pero las dificultades económicas persistieron.

   Los gremios regionales y la CGT expresaron su rechazo a estas políticas que condenan a los trabajadores a la desocupación y señalaron la fuerte caída del consumo y la crisis productiva como causas principales. La situación refleja un problema estructural que golpea industrias emblemáticas y profundiza la incertidumbre y angustia en los hogares afectados.

   El cierre de Tía Maruca en Chascomús no solo deja un saldo negativo en términos laborales, sino que también simboliza la crisis que atraviesa la producción industrial en Argentina, afectando tanto a trabajadores como a las economías locales que dependen de estas fábricas para su sustento y desarrollo. Este episodio suma presión sobre el Gobierno, que conduce una económica en recesión y desprotege el empleo en sectores clave.