La UTA Chaco decidió este miércoles postergar una medida de fuerza que amenazaba con paralizar el servicio de colectivos urbanos e interurbanos. Tras una asamblea con trabajadores del sector, el gremio resolvió dar plazo hasta el 30 de julio para que las empresas abonen lo adeudado en concepto del 50% restante del aguinaldo.

"Se logró un acuerdo con todos los trabajadores para esperar hasta el miércoles 30, pero si no pagan, al día siguiente comenzamos una acción sindical con paro de actividades", aseguró el secretario general de la UTA Chaco, Raúl Abraham. Según el dirigente, la decisión fue adoptada por unanimidad ante la falta de respuesta económica por parte de las empresas.

La deuda afecta a la totalidad de las firmas del sector, que adujeron no contar con los recursos para afrontar el pago. "Ninguna empresa pudo abonar lo que debe. El problema es generalizado", explicó Abraham. Las compañías argumentan la quita del fondo compensador nacional, el cambio en la fórmula de distribución de subsidios y una fuerte caída de la demanda de pasajeros, como factores que afectaron su sostenibilidad.

Otro punto crítico es la presentación del procedimiento preventivo de crisis por parte de la empresa TCM, que será tratado en una audiencia este jueves a las 10:30 en la Secretaría de Trabajo. Desde la UTA reclaman la presencia del gobierno provincial en la discusión. "Dicen que no tienen nada que ver, pero son poder concedente del servicio. No pueden desentenderse", advirtió Abraham.

El dirigente también cuestionó la postura del Ejecutivo chaqueño. "El gobernador dijo que si subsidian al transporte también deberían hacerlo con los kioscos. Eso demuestra un desconocimiento o una intención de minimizar el problema. El transporte está regulado, tiene que llamar a audiencia pública para ajustar tarifas. No es lo mismo", subrayó.

Finalmente, Abraham alertó sobre el impacto social del colapso del sistema. "La gente no puede pagar 1.300 pesos por boleto. Esto empuja a usar motos, a veces con cuatro o cinco personas encima, generando accidentes. El Estado gasta más de 2.000 millones al mes en atender esas emergencias. Con una parte de eso se podría sostener el transporte", concluyó.

La situación sigue siendo crítica y se espera que los próximos días sean determinantes para evitar un conflicto de alto impacto para usuarios y trabajadores del transporte público en la provincia.