La actividad hotelera organizada de la provincia del Chaco se declaró en emergencia económica y laboral, ante el avance sostenido de modalidades de alojamiento informal que, según el sector, ponen en riesgo la continuidad de los establecimientos habilitados y miles de puestos de trabajo. El pronunciamiento fue realizado por la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines del Chaco, entidad adherida a la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, y alcanza a todo el territorio provincial, en el actual contexto de crisis del sector turístico.

Desde la entidad señalaron que la situación compromete seriamente la sostenibilidad de los hoteles y alojamientos formales, que cumplen con la normativa vigente, generan empleo registrado y realizan aportes impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Advirtieron que la falta de controles y la desregulación del mercado profundizan un escenario de desigualdad que amenaza la supervivencia de la hotelería legal en el Chaco.

COMPETENCIA DESLEAL Y DESREGULACIÓN

La crisis que atraviesa el sector hotelero formal tiene como principal origen el crecimiento descontrolado de alojamientos temporarios en inmuebles particulares, que operan al margen de la ley. Esta modalidad se expandió en distintas ciudades del Chaco sin regulaciones claras, sin habilitaciones y sin controles efectivos por parte de los organismos competentes.

Según explicaron desde la Asociación, mientras los hoteles cumplen con una estricta carga impositiva, normas de seguridad edilicia, higiene, salubridad y contratación formal de personal, los alquileres temporarios particulares obtienen una ventaja competitiva indebida basada en la evasión fiscal, la informalidad laboral y el incumplimiento de requisitos básicos. A esto se suma la promoción abierta de estas ofertas en plataformas digitales masivas, lo que —advirtieron—evidencia la falta de aplicación de la normativa vigente.

RIESGOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

La falta de regulación de los alojamientos informales no solo afecta a la economía formal, sino que también genera riesgos concretos para la seguridad pública y social. Desde el sector hotelero advirtieron que este tipo de inmuebles, al no contar con controles, pueden ser utilizados para encubrir actividades delictivas como el narcotráfico, la trata de personas, la prostitución ilegal y otros de‑ litos que ya se registran en distintas provincias del país, incluido el Chaco.

Además, remarcaron el impacto negativo en el acceso a la vivienda: el desvío de in‑ muebles hacia el alquiler turístico redujo la oferta de alquileres permanentes y provocó aumentos sostenidos en los precios, afectando directamente a los residentes chaqueños. A esto se suma el deterioro de la convivenciavecinal, con mayores reclamos por ruidos, inseguridad y conflictos en consorcios y barrios.

LLAMADO A APLICAR LA LEY PROVINCIAL 3102-D

Ante este escenario, la Asociación de Hoteles del Chaco reiteró su pedido urgente de intervención al Estado provincial y a los municipios para regular un mercado que hoy funciona de manera ilegal y anárquica. Recordaron que, como respuesta a esta problemática, se sancionó la Ley Provincial Nº 3102-D, que establece un marco normativo para este tipo de actividad. Sin embargo, señalaron que la ley requiere la adhesión de los municipios, que son los responsables directos de habilitar y fiscalizar el uso comercial de inmuebles dentro del ejido urbano. Por ese motivo, reclamaron la articulación inmediata entre Provincia y municipios para garantizar la aplicación efectiva de la norma y restablecer la legalidad.

"Resulta imperativo garantizar la supervivencia de la hotelería formal del Chaco y proteger el empleo de miles de familias", concluyeron.