Esta semana el intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez, denunció al comisario principal Daniel Augusto Melchiori. La acusación incluye abuso de autoridad, violencia hacia vecinos, detenciones arbitrarias y uso indebido de bienes secuestrados por causas judiciales.

La situación tomó estado público luego de un comunicado oficial emitido por la comuna, en el que se ofrece acompañamiento legal a las víctimas y se exige la intervención urgente del Ministerio de Seguridad provincial. "Esta situación no puede seguir siendo tolerada", sostuvo el municipio en redes sociales.

El hecho que desató el escándalo fue la denuncia del agente subalterno Juan Gregorio Santillán, quien declaró ante la Justicia haber sido brutalmente agredido por el comisario Melchiori dentro de la dependencia policial y luego en la vereda, a la vista de testigos. "Me dijo: ‘Te voy a matar, hijo de puta’", relató Santillán, que también acusó al jefe policial de hallarse en estado de ebriedad durante la agresión.

Santillán también apuntó contra el uso irregular de una camioneta Toyota SW4 secuestrada por una causa federal vinculada al lavado de activos. Según consta en la denuncia, el vehículo fue visto en la vía pública y posteriormente ocultado en el patio interno de la comisaría, por orden directa de Melchiori.

Además, el agente reveló la desaparición de escopetas, armas de fuego y varios kilos de hoja de coca incautados, lo que agrava aún más las sospechas sobre la administración interna de la dependencia. Otros policías de la unidad, según indicó, han preferido guardar silencio por temor a represalias.

Vecinos y miembros de una comunidad religiosa cercana, confirmaron haber escuchado gritos y amenazas provenientes de la comisaría durante la noche del incidente. "Identificó la voz del comisario", declaró Santillán en su denuncia.

Según testimonios recabados, no se trataría de un hecho aislado. Varios subordinados y allegados a la fuerza habrían sufrido situaciones similares, incluso en fechas anteriores. En algunos casos, se denunciaron intentos de extorsión a personal policial, acusándolos falsamente de robo de bienes secuestrados.

A raíz de la gravedad de las denuncias, se solicitó formalmente que se garantice la integridad física y laboral de los efectivos involucrados y sus familias, quienes temen represalias. También se pidió una auditoría urgente sobre el destino de los elementos faltantes en la unidad policial.

Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad del Chaco no ha emitido declaraciones oficiales.