La auditoría realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en la provincia de Chaco reveló serias irregularidades en la asignación de pensiones por invalidez. El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó esta mañana que de un total de 2.344 beneficiarios auditados, apenas 365 cumplían los requisitos para acceder a estas prestaciones.  

"Prácticamente 7 de cada 10 pensiones por invalidez estaban mal otorgadas, no cumplían con los requisitos o eran fraudulentas", declaró Adorni en una conferencia de prensa. Entre los casos mencionados, destacó algunos particularmente llamativos.  

"Encontramos a una mujer que recibía una pensión por la amputación de un brazo y se presentó a la auditoría con ambos brazos", relató el funcionario. También señaló la existencia de beneficios otorgados sin diagnóstico médico claro, como el caso de una persona que recibía una pensión por hipertensión, cuando en realidad padecía diabetes.  

Otro ejemplo mencionado fue el de una mujer con una pensión por cáncer de mama, enfermedad que no solo era inexistente, sino que la beneficiaria admitió nunca haberse realizado una mamografía. En un caso aún más grave, Adorni describió a una trabajadora cuya empleadora gestionó una pensión con el propósito de evitar el pago de su salario.  

La auditoría en Chaco es parte de una investigación más amplia impulsada por el gobierno nacional. Según Adorni, la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad "se dio a gran escala", con un desvío de fondos estimado en mil millones de dólares durante 2023.  "Se trata de más robos y corrupción que, como siempre, afectan al contribuyente que aporta su esfuerzo", expresó Adorni.  

El vocero recordó que esta no es la primera vez que se detectan irregularidades en la administración de estas pensiones. En un caso previo, se habían encontrado 150 radiografías idénticas presentadas en distintos expedientes.  

Ante las evidencias obtenidas en la auditoría, Adorni confirmó que se procederá a la baja de los beneficios irregulares. La medida responde a la necesidad de garantizar que las prestaciones lleguen a quienes realmente las necesitan y cumplen con los requisitos legales.  

El gobierno asegura que continuará con las auditorías en otras provincias para detectar y sancionar posibles fraudes. Mientras tanto, organizaciones sociales y grupos de beneficiarios aguardan los resultados de las revisiones y el impacto de estas decisiones sobre las personas afectadas.