La semana pasada tuvo lugar en Puerto Vilelas el rescate de seis hermanos que vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad. El operativo fue liderado por el Departamento de Lucha contra la Trata de Personas, encabezado por Sara Aguilera, quien confirmó que los menores, de entre 3 y 13 años, fueron localizados en diferentes domicilios tras haber sido “entregados” por su madre a adultos ajenos al hogar.  

“Los seis hermanos fueron restituidos a la Línea 102 para garantizar su protección inmediata. Dos de ellos estaban sin DNI y ninguno estaba escolarizado, lo que evidencia el nivel de abandono en el que se encontraban”, informó Aguilera.  

El operativo comenzó tras denuncias de vecinos que alertaron sobre menores obligados a mendigar y posibles casos de abuso. Según Aguilera, la situación familiar era crítica: “La madre y el padre de los chicos enfrentan problemas de consumo de estupefacientes. Esto fue un factor clave para iniciar la investigación”.  

La adolescente mayor, de 13 años, estaba en compañía de un hombre adulto en un domicilio distinto, mientras que otros menores se encontraban con conocidos de la madre y una abuela paterna. Aguilera detalló: “La madre acompañó los allanamientos, señalando los lugares donde había dejado a sus hijos. Sin embargo, en muchos casos ni siquiera conocía el apellido de las personas que los tenían, lo que reflejaba improvisación y abandono”.  

Además de la falta de documentos de identidad en dos menores, ninguno de los seis hermanos había accedido a educación ni atención médica básica. “Estaban completamente al margen de derechos esenciales como la salud y la educación”, lamentó la funcionaria.  

Un hecho que llamó la atención de los rescatistas fue la reacción de los niños: “Todos querían volver con su mamá, excepto uno, quien se mostró más apegado al personal policial y reacio a regresar a su hogar”, señaló Aguilera.  

Los seis niños quedaron inicialmente al cuidado de su abuela paterna, aunque se espera que las autoridades evalúen medidas a largo plazo. “A priori, la abuela no parecería estar en condiciones económicas para sostenerlos, pero recibirá ayuda estatal para garantizar el bienestar de los menores”, agregó Aguilera.  

La causa quedó en manos de la fiscalía, encabezada por la doctora Lilian Irala, quien investigará posibles delitos como explotación laboral, abuso y violaciones a los derechos de los niños.  

“Estamos en una etapa preliminar, con el gabinete científico del Poder Judicial trabajando para esclarecer los hechos. Nuestro objetivo fue localizar y resguardar a los menores; ahora corresponde a la justicia determinar responsabilidades y el destino final de estos niños”, concluyó Aguilera.