El conflicto laboral que mantiene en vilo a la ciudad de Goya tras el cierre de la planta textil Alal alcanzó ayer un nuevo punto de inflexión. En una medida de emergencia destinada a contener el impacto social de los despidos, el Gobierno de Corrientes anunció que subsidiará el pago de las facturas de energía eléctrica y brindará asistencia alimentaria directa a los trabajadores que perdieron su fuente de sustento. El anuncio se dio tras una intensa reunión entre funcionarios provinciales, municipales y representantes de los operarios cesanteados. 

La ministra de Industria, Trabajo y Comercio de la Provincia, Mariel Gabur, encabezó el encuentro por instrucción del gobernador Juan Pablo Valdés. Junto al intendente de Goya, Mariano Hormaechea, la funcionaria escuchó las demandas de las familias que, desde hace días, mantienen medidas de fuerza y cortes intermitentes en el acceso a la ciudad.

En ese sentido, la respuesta oficial se centró en aliviar los costos fijos de los hogares afectados: a través de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), se implementará una bonificación total o parcial del servicio eléctrico, sumado al envío de módulos de mercaderías coordinados por el Ministerio de Desarrollo Social. 

Durante la reunión mantenida ayer en Goya, la ministra enfatizó que el rol del Estado provincial no es solo asistencial, sino también de mediación. 

"Estamos acompañando dentro de las posibilidades que tenemos nosotros como Estado", expresó la funcionaria; mientras que agregó que "la indemnización no depende del Gobierno provincial, pero estamos trabajando para que cumplan con su obligación".

El intendente Hormaechea, por su parte, destacó la predisposición al diálogo de los operarios, quienes accedieron a flexibilizar los cortes de ruta para permitir el paso de suministros críticos mientras duraron las negociaciones.

Indemnizaciones

El foco de atención se traslada hoy al ámbito administrativo y legal. Tras las dilaciones de la semana pasada, se espera que los directivos de Alal presenten finalmente una propuesta formal respecto al pago de las indemnizaciones. Este es el punto neurálgico del conflicto, ya que los trabajadores denunciaron previamente intentos de la firma por abonar porcentajes significativamente menores a los establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo, bajo el argumento de una crisis económica que los operarios cuestionan.