Los terrenos en litigio, ocupados por grupos familiares, ya estaban destinados a una obra adjudicada y en pleno proceso de ejecución. Se trata de la construcción del “Complejo Cultural y Recreativo Gauchito Gil”, cuyo objetivo es la urbanización del predio que convoca a miles de devotos del Gaucho Gil.

Según la sentencia N°1/25, las familias ocupantes tuvieron representación dentro y fuera del proceso judicial, y ejercieron su defensa. Como resultado habían recibido compensaciones económicas por su situación habitacional y puestos de trabajo. Aunque todo eso se plasmó en acuerdos homologados judicialmente, continuaban ocupando otros sectores de los inmuebles, lo que hizo necesario el planteo de la acción judicial.

Los ocupantes tampoco desconocían la naturaleza jurídica de los inmuebles, al contrario, admitían que eran cuidadores del lugar que originalmente pertenecía a Juan Carlos Cáceres, quien luego vendió los lotes al Estado de la Provincia. “Estas personas tienen el deber de restituir los terrenos, de liberarlos para que la obra siga avanzando en sus siguientes etapas” indicó la doctora Oria.

Advirtió además que cualquier eventual reclamo por mejoras o indemnizaciones al Estado de los actuales ocupantes debían canalizarse por las vías judiciales pertinentes, y citó casos similares en el orden nacional.

En la medida dispuesta, que deberá cumplirse en un lapso 10 días desde la notificación de la sentencia, se impuso al Estado Provincial la obligación de dar suficiente publicidad a la decisión para garantizar que todos los ocupantes tomaran conocimiento de ella.