El diagnóstico se basa en informes del Servicio Penitenciario Provincial y de la Dirección de Técnica Penitenciaria, que señalan especialmente al Complejo Penitenciario N°1, con 158 personas alojadas por encima del cupo máximo de 720.

Esta situación, según la doctora Teresa Zacarías a cargo del Juzgado de Ejecución de Condena de Corrientes, vulnera los principios constitucionales de trato digno y pone en riesgo la integridad física y emocional de las personas privadas de su libertad. Además, advirtió que esta situación obstaculiza la función resocializadora de la pena, una obligación central del sistema penitenciario conforme la Ley N° 24.660.

En su escrito, la juez invocó el artículo 18 de la Constitución Nacional, que exige que las cárceles sean “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo”, y recordó que los tratados internacionales con jerarquía constitucional obligan al Estado argentino a garantizar condiciones dignas de detención.

Concluyó solicitando la adecuación, refuncionalización y/o ampliación de las unidades penales existentes, instando al Poder Ejecutivo a reforzar y acelerar las acciones ya iniciadas, en coordinación con el Poder Legislativo y el Poder Judicial, para cumplir con los compromisos legales y humanitarios del Estado.