El sistema de transporte público de pasajeros en la ciudad de Corrientes ha ingresado en una fase crítica tras la decisión empresarial de avanzar con medidas de ajuste sobre su personal. En las últimas horas, se confirmó que al menos 23 choferes de las firmas Ersa y Transporte San Lorenzo comenzaron a recibir notificaciones formales de suspensión, en un contexto de extrema tensión gremial.

La medida, que afecta directamente a los trabajadores de las principales operadoras de la capital, establece una suspensión sin goce de haberes por un término de 30 días, comenzando a regir desde el día 20 del corriente mes.

Los detalles del telegrama: «Quiebre de la ecuación económica»

Los telegramas enviados a los trabajadores, firmados por los apoderados de las empresas, justifican la decisión amparándose en los artículos 218 a 221 de la Ley de Contrato de Trabajo. En el texto, al que se tuvo acceso, la patronal argumenta un «agravamiento de la crisis pública y notoria del sistema», situación que ya habría sido reconocida en el Expediente 183-2533/2025 ante la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Provincia.

Entre los fundamentos técnicos esgrimidos en las notificaciones se destacan tres factores determinantes:

1. Caída de demanda: Una disminución en la cantidad de pasajeros transportados que supera el 20% interanual durante el primer trimestre de 2026.
2. Quita de subsidios: La eliminación de los aportes estatales destinados a compensar costos, lo que según las empresas ha originado un «quiebre en la ecuación económica».
3. Costos operativos: El «reciente aumento sin control del precio del gasoil», que deja a los ingresos actuales sin sustento frente a los gastos básicos de operación.

Como consecuencia directa de este déficit operacional, las empresas comunicaron que se han visto obligadas a la «eliminación de los servicios nocturnos», lo que reduce aún más la oferta de trabajo y la posibilidad de dar ocupación a la totalidad de la planta. Según el texto oficial, la suspensión del personal busca, paradójicamente, «sostener la mayor cantidad de puestos de trabajo posible» ante las condiciones de fuerza mayor.

Rechazo gremial y estado de alerta

La respuesta sindical fue inmediata y contundente. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Corrientes rechazaron categóricamente los términos de los telegramas. El gremio sostiene que la crisis económica del sector no debe ser descargada sobre el salario de los trabajadores, calificando la medida de «drástica» e «inaceptable».

La dirigencia gremial subrayó que se encuentran en estado de alerta total y que agotarán todas las instancias legales para revertir las suspensiones de inmediato, advirtiendo que la paz social del servicio depende de la marcha atrás con estas notificaciones.

Instancia clave de negociación

Para intentar destrabar el conflicto, se ha convocado a una reunión de carácter urgente entre los representantes de la UTA y los directivos empresariales para este miércoles a las 10.

El resultado de este encuentro será determinante para el futuro inmediato del servicio en la ciudad. Mientras el gremio exige la reincorporación de los 23 choferes, la ciudadanía permanece atenta ante la posibilidad de que el conflicto derive en interrupciones totales del servicio de transporte urbano en los próximos días.