El Gobierno nacional apeló este jueves 8 de octubre el fallo que lo obligaba a implementar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario, en una nueva instancia de la disputa judicial por los recursos destinados a las universidades públicas y la recomposición salarial de docentes y no docentes. 

La presentación del Ejecutivo busca revertir la sentencia del juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien el pasado 6 de octubre declaró inconstitucional una disposición del Decreto 759/2025, mediante el cual la administración de Javier Milei había condicionado la aplicación de la ley.

El decreto había promulgado la normativa, pero supeditó su ejecución a la identificación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.

Sin embargo, el magistrado consideró que el Poder Ejecutivo no podía suspender la aplicación de una ley que había sido ratificada por el Congreso, luego de que ambas cámaras rechazaran el veto presidencial con las mayorías exigidas por la Constitución Nacional.

Los argumentos de la Justicia

La resolución judicial respondió a una acción de amparo colectivo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el marco de los reclamos por el cumplimiento de la Ley 27.795.

En su sentencia, Cormick sostuvo que la decisión del Ejecutivo de condicionar la implementación de la norma constituyó un mecanismo contrario al procedimiento establecido por la Constitución.

El juez advirtió que el decreto había funcionado como un "mecanismo extraconstitucional", al introducir una suspensión de la voluntad legislativa que, en la práctica, equivalía a una nueva instancia de veto no contemplada en la Constitución Nacional.

En consecuencia, ordenó al Estado nacional el "cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin". 

La normativa contempla, entre otros puntos, la actualización de los recursos destinados al funcionamiento de las universidades nacionales, la recomposición de los salarios docentes y no docentes, el financiamiento de becas y el sostenimiento de las actividades de investigación.

Qué pasará tras la apelación del Gobierno

Con la presentación del recurso, la controversia pasará a la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que deberá revisar la sentencia de primera instancia y resolver los planteos del Ejecutivo.

El conflicto se remonta a 2025, cuando el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario y posteriormente rechazó el veto del presidente Javier Milei. Pese a esa insistencia legislativa, el Gobierno condicionó su implementación mediante el Decreto 759/2025, lo que dio origen a los reclamos judiciales.

La apelación abre ahora un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por el cumplimiento de una ley que busca garantizar los recursos para el funcionamiento de las instituciones y la recuperación salarial de sus trabajadores.