El Gobierno nacional denunció a la jueza Karina Andrade por su decisión de liberar a los detenidos tras los disturbios en el Congreso, ocurridos durante la marcha de jubilados el miércoles pasado. La presentación, realizada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, señala a la magistrada por los delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Según el escrito, Andrade habría omitido procedimientos legales esenciales y tomado decisiones sin la debida intervención de la fiscalía, incluso valiéndose de un grupo de mensajería instantánea para dictar la liberación de 114 personas.  

El informe detalla que la movilización fue infiltrada por grupos organizados de barras bravas, identificados con clubes de fútbol como Boca, River, Independiente y Racing, entre otros. De acuerdo con la denuncia, estos grupos, ajenos a la manifestación de jubilados, llegaron con el propósito de generar disturbios y enfrentarse con las fuerzas de seguridad. Los incidentes incluyeron agresiones con piedras y armas blancas, incendios de patrulleros y daños a bienes públicos, lo que resultó en varios policías heridos. Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio de Seguridad sostiene que la jueza Andrade debió haber mantenido la detención de los involucrados para garantizar el avance de la investigación.  

El escrito gubernamental también cuestiona el proceder de la jueza al considerar que se arrogó facultades propias del Ministerio Público Fiscal y que su decisión se basó en motivaciones ideológicas más que en fundamentos jurídicos. Entre las irregularidades señaladas, se menciona que Andrade dictó la liberación sin acceder a los antecedentes penales de los detenidos, varios de los cuales contaban con registros por delitos graves como robo, tráfico de drogas y tenencia de armas. Además, se sostiene que su accionar frustró la pesquisa y debilitó las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo para garantizar el orden público.  

Desde el Gobierno, argumentan que lo ocurrido en el Congreso no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia deliberada de sectores violentos para generar caos y provocar una reacción represiva. En este contexto, la denuncia contra Andrade busca sentar un precedente y reafirmar la postura oficial contra lo que consideran una indebida flexibilización judicial frente a delitos de extrema gravedad.