El ministro francés de Justicia, Gérald Darmanin, descartó este lunes dimitir y prometió «toda la verdad» sobre los fallos institucionales «extremadamente graves» revelados por el caso Lyhanna, la niña de 11 años asesinada «en condiciones absolutamente atroces» y cuya muerte ha reabierto el debate sobre la protección de los menores víctimas de violencia sexual.

«Haré (que se conozca) toda la verdad sin ocultar nada a los franceses», aseguró Darmanin en una rueda de prensa, donde prometió comunicar las conclusiones de las investigaciones administrativas y las eventuales responsabilidades que puedan derivarse del caso de Lyhanna, un día después de una marcha blanca multitudinaria celebrada en su localidad, Fleurance (Gers, suroeste). 

Tras reunirse en la sede del Ministerio de Justicia con todos los fiscales generales, Darmanin reconoció que el Estado debe asumir sus responsabilidades cuando se producen errores que desembocan en tragedias y que en este caso «no se deben a falta de medios». 

Pero él descartó dimitir: «La cuestión de mi permanencia se plantearía si yo no asumiera mi responsabilidad» y los fallos en el caso de Lyhanna «no se debían a instrucciones» suyas, subrayó.

Homenaje a Lyhanna en Fleurance, Francia, este pasado domingo, 7 de junio. EFE/EPA/Guillaume Pinon

Cerca de 70.000 denuncias

El presunto asesino de Lyhanna era objeto de varias denuncias por abusos o violaciones a menores archivadas o en curso, entre ellas una muy sólida y cuyo trámite acumuló importantes retrasos. 

«Si una niña presenta lesiones compatibles con una violación, un psicólogo considera creíble su relato y aun así se tarda nueve meses en interrogar al sospechoso, me parece legítimo concluir que el servicio público de justicia ha fallado gravemente», afirmó.

Y se preguntó: «¿Se trata de una disfunción puntual o existen numerosas situaciones similares en los tribunales franceses?».

Como avanzó la víspera, Darmanin ordenó revisar todos los procedimientos relacionados con delitos sexuales y violentos contra menores. 

En concreto, pidió a los fiscales generales que elaboren antes del 14 de julio un inventario exhaustivo de todas las denuncias en trámite por delitos o crímenes cometidos contra menores en las que las investigaciones no hayan avanzado suficientemente o en las que aún no se haya interrogado a los sospechosos.

Según explicó, las autoridades tienen identificadas actualmente unas 70.000 denuncias de este tipo en Francia. El objetivo es determinar si el caso Lyhanna constituye una falla aislada o si existen problemas estructurales más amplios en el tratamiento judicial de este tipo de expedientes.

Homenaje a Lyhanna en Fleurance, Francia, este pasado domingo, 7 de junio. EFE/EPA/Guillaume Pinon

Falta de recursos

Además, el titular de Justicia indicó que mantendrá reuniones individuales con los fiscales generales antes del 31 de julio para evaluar las dificultades detectadas en cada jurisdicción.

Entre los posibles problemas, citó la falta de especialistas en psicología, recursos de medicina forense, agentes de policía judicial o investigadores especializados.

También subrayó que las denuncias por violaciones y agresiones sexuales contra menores deben recibir un tratamiento prioritario.

«No podemos considerar una denuncia por violación de un menor como cualquier otra denuncia», afirmó. «Debe ser tratada -dijo- como absolutamente prioritaria para proteger rápidamente a los niños y evitar que posibles agresores sigan representando un peligro».

Asimismo, el ministro anunció una coordinación reforzada con el Ministerio del Interior para acelerar el examen de los expedientes y garantizar que las denuncias más sensibles sean transmitidas sin demora a la autoridad judicial.

Protesta por la muerte de Lyhanna en Fleurance, Francia, este pasado domingo, 7 de junio. EFE/EPA/Guillaume Pinon

Malestar de los magistrados 

Pese a la gravedad del caso, Darmanin expresó su respaldo a los magistrados y fiscales, cuyo trabajo calificó de «difícil» y realizado con «seriedad», al tiempo que condenó las amenazas dirigidas contra los implicados en la gestión del caso de Lyhanna y recordó que la violencia contra representantes de la autoridad pública es «absolutamente inaceptable en un Estado de derecho».

Es «inaceptable» que los magistrados «sean señalados y objeto de difamación pública y amenazas» antes de que se conozcan los resultados de la investigación administrativa, subrayó el presidente de la Unión de Magistrados (mayoritario), Ludovic Friat, en una carta dirigida al ministro de Justicia, cuya «responsabilidad política sigue siendo», en su opinión, «completa», mantuvo.