La iniciativa garantiza, por ejemplo, el abastecimiento en localidades que carecen de estaciones fijas, disminuye los costos para las empresas y para los usuarios —que ya no deberán trasladarse largas distancias—, y fomenta la competencia en el sector. Además, brinda mayor competitividad y seguridad en la provisión local y contribuye al desarrollo productivo de las economías regionales.

Las estaciones móviles y modulares deberán cumplir con estrictas normas técnicas y de seguridad, basadas en estándares internacionales —como la NFPA385 y la UL-2085—, que exigen tanques de doble pared, sistemas automáticos de corte y detección de pérdidas, kits de control de derrames y extintores certificados. Cada unidad será auditada por empresas externas habilitadas y deberá contar con planes de contingencia y seguros vigentes, garantizando una operación segura tanto para los usuarios como para el entorno.

Asimismo, el nuevo régimen establece un sistema de sanciones severas para quienes operen fuera de la ley, incluyendo multas de hasta 160.000 litros de nafta súper y la inhabilitación inmediata de las instalaciones que incumplan las condiciones de seguridad o no cuenten con auditorías actualizadas.