El Gobierno nacional estableció un nuevo régimen para la administración y disposición de los bienes provenientes de actividades ilícitas, como el narcotráfico o la corrupción. La medida fue oficializada este miércoles a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 575/2025, publicado en el Boletín Oficial.

El objetivo del nuevo esquema es crear un procedimiento “ágil, eficiente y transparente” para la gestión de los bienes decomisados en procesos penales y de extinción de dominio. A partir de ahora, el Ministerio de Justicia asumirá la responsabilidad de conservar y administrar estos recursos.

Según la normativa, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) se encargará de vender o concesionar los bienes, con una comisión que no podrá superar el 5% de su valor. Esto busca asegurar que la mayor parte de los fondos se destine a los fines públicos del nuevo régimen.

Además, el DNU establece la creación de un Consejo de Bienes Recuperados, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia para supervisar y evaluar el destino de los activos. Para garantizar la transparencia, se implementará un inventario público y actualizado que permitirá el control ciudadano sobre el proceso.