La segunda mitad del mandato de Javier Milei tendrá entre sus prioridades una nueva reforma laboral. El Gobierno trabaja en un proyecto que se presentará en el Congreso en diciembre, con el objetivo de reducir la carga judicial que enfrentan las empresas, especialmente las pequeñas y medianas. La propuesta apunta a modificar aspectos de la legislación vigente que, según argumentan desde el oficialismo, alimentan una "industriadeljuicio" con indemnizaciones consideradas desproporcionadas por el sector empresario.

Aunque la Ley Bases ya introdujo algunos cambios, como la creación de una figura de trabajador independiente con colaboradores y ajustes en el régimen de despidos, la litigiosidad laboral continúa en aumento. Empresarios, analistas y especialistas coinciden en que las indemnizaciones judiciales suelen multiplicarse por diez o más veces el monto original, debido a la acumulación de intereses, multas y actualizaciones, generando perjuicios económicos que muchas pymes no pueden afrontar.

En este contexto, recientes fallos de la Corte Suprema buscaron marcar un límite. Casos como "Oliva" y "Lacuadra" fueron declarados inconstitucionales por presentar indemnizacionesque, en uno de los ejemplos, aumentaron más de 7.700% respecto al capital inicial. No obstante, como sus resoluciones no son vinculantes, los tribunales inferiores no siempre acatan estos lineamientos, y la judicialización continúa creciendo.

Según un informe presentado en el Senado, los juicios laborales superaron los 125.000 casos en 2024 y se proyecta un nuevo récord para este año. Se estima que más de la mitad de las pymes enfrenta al menos un litigio, con consecuencias económicas que, en muchos casos, ponen en riesgo su continuidad. El estudio advierte que si solo el 20% de estas empresas cerrara por estas causas, podrían perderse alrededor de 800.000 empleos registrados.

Uno de los casos más citados es el de una médica psiquiatra que, tras un conflicto con su empleador en 2017, inició un juicio que partió de un reclamo de poco más de un millón de pesos y terminó con una sentencia por $160 millones, luego de ocho años de proceso. Según expertos, el cálculo original, con intereses por tasa activa, no debería haber superado los $2 millones. Sin embargo, el fallo aplicó criterios que elevaron la condena casi un 7.000%, e incluso comprometieron el patrimonio personal del director de la clínica.

Con este panorama, el oficialismo buscará apoyo legislativo para limitar los montos indemnizatorios, revisar las multas automáticas por despido y establecer criterios de proporcionalidad en los fallos. El objetivo, según fuentes del Gobierno, es "modernizar la legislación" y "evitar que las pymes desaparezcan bajo el peso de juicios que consideran injustos y ruinosos". La reforma laboral vuelve así al centro del debate político y económico en el país.