El presidente Javier Milei suspendió el decreto 690/2026, que modificaba la actividad de los servicios de practicaje y pilotaje en ríos, puertos, pasos y canales del país. La decisión llegó luego del conflicto que paralizó la actividad portuaria durante varios días y provocó grandes pérdidas monetarias para el sector.

La medida fue oficializada este jueves mediante el decreto 716/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsor de la reforma.

La suspensión fue acordada tras una negociación entre el Gobierno y los representantes del sector de practicaje. Como parte del entendimiento, también se dispuso la reactivación inmediata del servicio, la conformación de una mesa de trabajo para elaborar una nueva reglamentación y una reducción del 20% en las tarifas vigentes de practicaje y pilotaje.

Qué establece el nuevo decreto

La norma suspende los efectos del decreto 690/2026 y restituye, mientras dure esa suspensión, la vigencia de todas las disposiciones que habían sido derogadas, sustituidas o modificadas por esa reforma.

Además, crea una Mesa de Trabajo integrada por funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), junto con representantes del sector, con el objetivo de consensuar un nuevo marco regulatorio para la actividad.

El decreto también establece que las partes deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio de practicaje y pilotaje mientras avanzan las negociaciones.

Un conflicto que paralizó los puertos

La disputa comenzó luego de que el Gobierno impulsara cambios en la actividad mediante el decreto 690/2026, con el objetivo de reducir costos portuarios y aumentar la competencia.

En respuesta, prácticos, pilotos y baqueanos suspendieron la prestación del servicio, una tarea obligatoria para el ingreso y egreso de embarcaciones en gran parte de los puertos argentinos.

La medida dejó cerca de 200 buques demorados y provocó pérdidas económicas millonarias, además de afectar contratos de exportación y el abastecimiento hacia la Patagonia.

En medio del conflicto, la Prefectura Naval Argentina llegó a intimar a más de 500 trabajadores para que retomaran sus funciones, advirtiendo sobre posibles sanciones disciplinarias e incluso denuncias penales.

Finalmente, tras alcanzar un acuerdo con los representantes del sector, el Gobierno resolvió dejar en suspenso la reforma y abrir una instancia de negociación para redactar una nueva reglamentación.