Desde este sábado 5 de septiembre comenzó a regir en Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma que cambia el tratamiento judicial de los delitos cometidos por adolescentes. La principal novedad es la reducción de la edad de imputabilidad, que pasó de los 16 a los 14 años.

La normativa reemplaza el sistema vigente desde 1980 y establece penas diferenciadas, alternativas al encierro y nuevos mecanismos de seguimiento. También refuerza la participación de las víctimas y fija límites específicos para las condenas aplicables a personas menores de 18 años.

Qué significa la imputabilidad desde los 14 años

Con la entrada en vigencia del régimen, los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser imputados y sometidos a un proceso penal cuando sean acusados de cometer un delito.

Para definir si corresponde aplicar la ley, la Justicia tendrá en cuenta la edad que tenía el adolescente al momento del hecho investigado. El régimen comprende a quienes tengan entre 14 años y hasta las cero horas del día en que cumplen 18.

Esto no implica que todos los adolescentes acusados sean enviados automáticamente a prisión. Las decisiones judiciales deberán ser proporcionales a la gravedad del delito y priorizar la medida que resulte menos restrictiva para los derechos del joven.

Cuáles serán las penas para los adolescentes

La normativa prohíbe la prisión y la reclusión perpetua para los menores de 18 años, incluso cuando el delito cometido contemple esa pena para una persona adulta.

El máximo previsto para una condena privativa de la libertad será de 15 años de prisión. Además, se podrá acceder a la libertad condicional después de cumplir dos tercios de la pena, siempre que se respeten los requisitos legales.

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil. Foto: NA

Cuando el delito tenga una pena de hasta tres años, no podrá imponerse prisión efectiva. Para hechos con penas superiores a tres años y de hasta diez, los jueces podrán evaluar medidas alternativas según las características del caso, los informes técnicos y la situación particular del adolescente.

Educación, reparación y medidas alternativas

El nuevo Régimen Penal Juvenil incorpora diferentes herramientas para evitar que el encarcelamiento sea la única respuesta. Entre ellas se encuentran la reparación del daño, las reglas de conducta, las prohibiciones de acercamiento y la participación en actividades educativas o comunitarias.

Los jueces también podrán ordenar programas de capacitación laboral, prácticas deportivas, actividades culturales y tratamientos médicos o psicológicos. Estas decisiones deberán contar con el seguimiento de equipos especializados.

Otra medida contemplada es el monitoreo electrónico, que podrá utilizarse para controlar determinadas restricciones o supervisar el cumplimiento de las condiciones fijadas por la Justicia.

Dónde serán alojados los adolescentes

En los casos en que se disponga una pena de encierro, los jóvenes deberán permanecer en establecimientos especialmente preparados y bajo la supervisión de personal capacitado.

Régimen Penal Juvenil Foto: El Medio

La ley prohíbe que los adolescentes compartan espacios de detención con personas adultas. Según la gravedad del hecho y la situación individual, las medidas podrán cumplirse en institutos abiertos, centros especializados o mediante arresto domiciliario.

El modelo busca que las sanciones tengan una finalidad educativa y de reinserción social, además de responder frente al delito cometido.

Qué derechos tendrán las víctimas

Las víctimas podrán participar en las instancias previstas por la ley, ser escuchadas y recibir información sobre el avance de la causa.

Además, los padres o responsables legales podrán tener responsabilidad civil por los daños ocasionados por los adolescentes. Este aspecto deberá ser evaluado en cada caso y no reemplaza la determinación de la responsabilidad penal del acusado.

La identidad del joven sometido a proceso continuará protegida. No podrán difundirse su nombre, domicilio, imágenes, relaciones familiares ni otros datos que permitan reconocerlo.

El desafío de implementar el nuevo régimen

La aplicación de la reforma exigirá una coordinación directa entre juzgados, fiscalías, defensorías y gobiernos provinciales. También será necesario contar con establecimientos adecuados, equipos interdisciplinarios y dispositivos de monitoreo suficientes.

Aunque el cambio que genera mayor debate es la imputabilidad desde los 14 años, la reforma también establece límites para las condenas, medidas alternativas y obligaciones concretas para el Estado.

El efecto real del nuevo Régimen Penal Juvenil dependerá de los recursos disponibles y de su implementación en las distintas jurisdicciones del país. La Justicia deberá encontrar un equilibrio entre la responsabilidad por los delitos, los derechos de las victimas y la posibilidad de reisercion de los adolecentes.