El Gobierno nacional avanza en una reforma de la Ley de Etiquetado Frontal que podría modificar de manera sustancial el sistema de octógonos negros vigente desde 2022. La iniciativa, impulsada por la gestión de Javier Milei , apunta a reducir el tamaño de los sellos de advertencia nutricional en los alimentos e incluso evalúa su eventual eliminación, además de habilitar nuevamente el uso de dibujos animados, celebridades y figuras deportivas en los envases. 

El proyecto, que estaría siendo elaborado en el ámbito del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado  bajo la conducción de Federico Sturzenegger , sería enviado al Congreso en las próximas semanas. De avanzar, implicaría un giro en una normativa que fue aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández  con el objetivo de promover una alimentación más saludable y prevenir enfermedades vinculadas a la mala nutrición.

Uno de los principales cambios sería la flexibilización del etiquetado obligatorio. Actualmente, los octógonos deben ocupar al menos el 5% de la cara principal del envase y alertan sobre excesos de azúcar, sodio, grasas y calorías. La propuesta oficial busca "hacer más equilibrado" ese esquema y atender reclamos históricos de la industria alimentaria.

Además, el Ejecutivo pretende eliminar la prohibición que hoy impide incluir personajes infantiles, influencers, deportistas o celebridades en productos con sellos de advertencia.  Desde el Gobierno argumentan que esta restricción coloca a las empresas argentinas en desventaja frente a otros mercados de la región, donde ese tipo de estrategias de marketing siguen permitidas.

La reforma también podría alcanzar los criterios técnicos con los que se calculan los llamados "nutrientes críticos", una revisión que involucraría a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica  y a la Secretaría de Comercio.

A fines de 2024 ya se habían introducido modificaciones al sistema mediante un nuevo manual técnico de aplicación, aunque sin tocar el espíritu de la ley. Ahora, el Gobierno busca ir más allá y reabrir el debate de fondo sobre una de las regulaciones alimentarias más discutidas de los últimos años.