La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó este martes una reforma constitucional que prohíbe la participación de opositores en las elecciones y extiende el mandato presidencial de seis a siete años.

La iniciativa, impulsada por el presidente Daniel Ortega, fue votada de manera unánime en una sesión especial realizada frente a la catedral de León, a 90 kilómetros de Managua.

La enmienda establece que quedarán excluidos de los comicios quienes hayan participado en la planificación o ejecución de un “golpe de Estado”, sean considerados “traidores a la patria” o hayan solicitado “intervención militar” o “bloqueos económicos” contra el país. Además, la reforma desconoce la aplicación de leyes extraterritoriales por parte de otros Estados u organismos internacionales.

Ortega y Murillo: poder absoluto y represión tras las protestas de 2018

El presidente Daniel Ortega, de 80 años, y su esposa y copresidenta Rosario Murillo, de 75, gobiernan Nicaragua con un fuerte control sobre la sociedad desde hace casi dos décadas.

Tras las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos según la ONU, el gobierno intensificó la represión y acusó a los manifestantes de intentar un golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos.

Miles de nicaragüenses, entre ellos dirigentes opositores, intelectuales y religiosos, se exiliaron y fueron despojados de su nacionalidad bajo cargos de “traición a la patria”. Como resultado, la oposición quedó prácticamente anulada dentro del país.

Desde el exilio, referentes opositores advirtieron que la reforma busca garantizar la continuidad del poder en la familia Ortega-Murillo, especialmente ante los problemas de salud del mandatario, que padece lupus y afecciones renales.

Daniel Ortega durante un acto por los 47 años de la revolución sandinista en julio. (Foto: AFP/El 19 Digital/César Pérez).

Rechazo internacional y advertencias de la OEA

La reforma, anunciada por Ortega el 19 de julio durante el aniversario de la revolución sandinista, desató un amplio rechazo internacional. Por iniciativa de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una reunión urgente de cancilleres para debatir posibles sanciones contra el gobierno nicaragüense, aunque la fecha aún no fue definida.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, pidió que los ministros tomen decisiones “para castigar, para ejercer más presión sobre Nicaragua”. Sin embargo, la enmienda aprobada por la Asamblea rechaza cualquier injerencia o sanción internacional.

La reforma deberá ser ratificada en una segunda legislatura a partir de 2027, un trámite que se da por descontado dada la composición del Parlamento.

Sin rivales y con elecciones postergadas

Ortega, exguerrillero sandinista, gobernó Nicaragua en los años 80 y regresó al poder en 2007. Desde entonces, fue reelegido tres veces en comicios cuestionados, la última vez hace cinco años, cuando encarceló a opositores y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ganó sin competencia real.

En 2024, otra reforma constitucional ya había ampliado el periodo presidencial de cinco a seis años y elevado a Murillo al cargo de copresidenta. Además, los comicios previstos para este año fueron postergados hasta noviembre de 2027.

A pesar de la presión internacional, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Nicaragua, que también recibe créditos de bancos internacionales y del FMI. Por eso, la oposición insiste en pedir sanciones económicas para presionar al régimen.

En los últimos días, una docena de grupos opositores en el exilio acordó un plan de transición política que incluye la excarcelación de presos políticos y la renovación de las instituciones controladas por el oficialismo.