La Cámara Federal de Casación Penal anuló este miércoles el procesamiento del expresidente Alberto Fernández, que estaba acusado de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos públicos a través de Nación Seguros.

La decisión fue tomada por los tres jueces del caso, quienes se sometieron a votación interna. Mariano Borinsky y Javier Carbajo votaron a favor de anular el procesamiento, mientras que Gustavo Hornos votó en contra. Ante los resultados, la causa en su contra quedó sin efecto y se ordenó que el tribunal emita un nuevo fallo.

La investigación inicial sostenía que Fernández impulsó un esquema que centralizó la contratación de seguros en una sola empresa estatal, a través del decreto 823/2021. Se trató de una medida que obligó a todas las entidades del Estado nacional a operar exclusivamente con Nación Seguros, lo que habilitó un sistema de intermediación dirigido por brókers privados con vínculos directos con el entorno presidencial.

Un circuito millonario de comisiones

Entre 2020 y 2023, Nación Seguros abonó comisiones por más de $3.360 millones. Casi el 60% de ese monto fue a parar al grupo liderado por Héctor Martínez Sosa, titular de una firma del sector, amigo personal del expresidente y esposo de su entonces secretaria, María Cantero. Ambos también fueron procesados junto al ex titular de Nación Seguros Alberto Pagliano y otras 33 personas.

El juzgado determinó que el grupo encabezado por Martínez Sosa funcionó como núcleo organizador de otros intermediarios. Las firmas asociadas pasaron de percibir comisiones mínimas antes de 2019 a cifras que crecieron de forma exponencial a partir del segundo año de gestión del Frente de Todos. La compañía principal, por ejemplo, recibió solo $151.000 entre 2017 y 2019, pero en 2022 y 2023 concentró pagos por más de $385 millones.