Pasada las 9 de la mañana de este miércoles, marcharon personas con discapacidad, familiares, organizaciones e instituciones que prestan sus servicios, en el marco de la movilización en rechazo a la reforma de la Ley 27.793. Poco más de una cuadra abarcó la convocatoria. Con aplausos, bombos y un grito desesperado para no dejarlos sin prestaciones integrales y obras sociales que opten por no cubrir sus necesarios, dijeron "no a la reforma de la Ley 27793" así como también pidieron que no se los descrimine. "La discapacidad no se ajusta, no se veta. Son derechos adquiridos que no deben ser parte del ajuste", indicó una profesional de la salud al dialogar con este medio. 

Florencia Esquinazi, directora del Instituto Owatá, habló  e indicó que desde el sector "estamos preocupados y desbordados ya; todos los rumores que estaban circulando son ciertos y es algo preocupante".

"Volvemos a discusiones de 10 años, 20 años atrás cuando Argentina se suma a la Convención Internacional a favor de las personas con discapacidad, se genera una ley que tiene carácter constitucional. Y hoy estamos discutiendo cosas que ya se trabajaron, que ya se hablaron, que ya se hicieron, que ya se vienen trabajando y que ya demostraron que este es el camino. Entonces, ¿por qué volvemos otra vez a a tener que de tener este tipo de discusiones?", remarcó. 

Sostuvo que "es alarmante, es angustiante para nosotros que nos dedicamos a esto y y que acompañamos a las familias con discapacidad.  El tema de las auditorías, ya hemos visto que acá en Misiones, fue un desastre, fue vergonzoso". 

De la misma manera, Amanda Álvarez, responsable del Centro de Atención a la Diversidad Funcional (Cadifu) adujo que "siempre ponen a la persona con discapacidad con un estigma de que todo lo que sucede alrededor de esa persona con discapacidad es fraudulento, es un acto de corrupción y tenemos que estar todo el tiempo demostrando que no es así". 

"Yo además soy madre de un niño con discapacidad y no lo hago solamente por mi población, que son 200 personas que atendemos, si no lo hago por Gerónimo y por los Gerónimos que vienen. Entonces, nadie está exento de tener una persona con discapacidad en su seno familiar", remarcó. 

Al tiempo que resaltó: "Por lo tanto, me parece que tenemos que llamar a la empatía de la sociedad, a una mirada más contemplativa, a reflexionar sobre lo que sucede, a leer, porque se dejan guiar mucho por los títulos estos que son taquilleros, y en realidad no están viendo lo que hay detrás". 

En tanto, María Rosa Rodríguez de Olivera, mamá de persona con discapacidad, destacó: "Mi hija, por ejemplo, hasta la semana pasada era beneficiaria del instituto al que ella asistía. Estaba acostumbrada, tenía su rutina como todos los demás chicos. Como Incluir salud no cumplió con los pagos y deben desde octubre del año pasado, que no pagan los salarios, los profes no pueden seguir trabajando. Nadie puede trabajar más de 6 meses gratis. Están endeudados, no se le reconoce su sus trabajos, sus servicios a los terapeutas. Y por eso nos dieron obligado a dejar de dar servicio a los chicos". 

"Y esta situación se replica, no solo acá, sino en todo el país. Hay instituciones que han cerrado y chicos que se han quedado sin ninguna terapia y eso implica para ellos un atraso enorme. En cualquier avance por más mínimo que se logre, es un retroceso terrible en su desarrollo y en su calidad de vida. Ese es un tema. Otro tema es que ahora se quiere avanzar sobre los derechos que se habían adquirido con las leyes", manifestó. 

"No hemos cobrado por prestaciones desde hace varios meses, no podemos seguir así. A los chicos les están sacando los remedios, las familias no les alcanza para pagar las terapias que no cubren las obras sociales. Realmente es una situación muy triste que nos afecta a todos como sociedad", indicó, por su parte, una acompañante terapéutica. "Es una destrucción al sistema de prestaciones", añadió.