Los miembros del Tribunal Federal Oral de Posadas condenaron ayer a 15 años de prisión al ex prefecturiano Jorge Daniel Barceló, quien desde el 8 de mayo era juzgado por los delitos de abuso de autoridad, acoso sexual, hostigamiento laboral y falsificación de documentos públicos.

El veredicto de los magistrados se conoció pasadas las 19 de ayer, en el edificio de calle Félix de Azara casi Entre Ríos, y tras una maratónica jornada que inició a las 8 con la lectura de los alegatos de las partes.

Para los jueces, Barceló fue considerado autor de abuso de autoridad y falsedad ideológica de instrumento público (en un hecho), abuso sexual simple consumado (en dos hechos), y en grado de tentativa (un hecho), abuso sexual con acceso carnal consumado (en tres hechos) y en grado de tentativa (un hecho)--

Todos estos agravados por ser cometidos por un integrante de una fuerza de seguridad dentro de sus funciones y cometidos en concurso real.

Además, se le fijó a Barceló la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

La pena impuesta por los magistrados fue coincidente con el criterio del fiscal Pablo Di Loreto, quien había fundamentado con distintos argumentos el pedido de 15 años para el encartado, quien siguió los más de tres meses de debate desde el Complejo Federal de Marcos Paz.

Por su parte, desde la defensa del exprefecturiano, a cargo de los abogados Federico Tilli y Cristian Bareiro, se solicitó la absolución tras considerar que no se  hallaron pruebas suficientes para acreditar los hechos.

A penas se conoció el fallo dentro de la sala, una victima y su esposo se fundieron en un fuerte abrazo, entre medio de lagrimas, y que resume apenas una mínima parte de todo lo que atravezaron durante todo el proceso investigativo.

“Es una tranquilidad. El tratamiento sigue, esto no termina, el daño ya esta hecho, pero lo unico que esto es un manto de tranquilidad para que este tipo de personas no estén en la calle, no estén conduciendo gente y no cometan este tipo de hechos”, indicó el esposo de una de las víctimas, quien fuera de la sala charló brevemente con El Territorio.

Además, al ser consultado por cómo vivió estos meses de debate su pareja, el hombre sostuvo: “con mucha angustia, no es fácil para la persona que ha sufrido este tipo de delitos ser escaneada intimamente por gente que no conoce, estar expuesta a muchas cuestiones de este proceso”.

Siete delitos

Según constaba en el expediente inicial, los hechos -que se remontan entre 2019 y 2023- fueron cometidos por Barceló en el marco de su rol como superior jerárquico de la denunciante, una subordinada en la Prefectura Naval Argentina, mientras el acusado estaba al frente de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental Posadas (Esipa) de la fuerza federal, hasta julio de 2023, cuando el acusado fue formalmente imputado.

En relación a los delitos por los que se le acusa, en la jornada uno de 12 previstas de debate, se detalló que según las investigaciones Barceló habría aprovechado su jerarquía funcional para cometer tres acciones que corresponden al primer delito: abuso de poder.

Sobre este delito se presentó que en primer lugar impartió una orden arbitraria para que la víctima preste funciones cuando ésta se encontraba impedida físicamente -tuvo un accidente con su motocicleta en febrero de 2020-, omitiendo que tenía que concederle una licencia como demandaba su situación.

También se le acusaba de acoso laboral, con invasión de espacio personal e invitaciones indecentes, respondiendo luego con maltratos ante la negación de la víctima, exigiendo un certificado médico por su lesión -cuyo documento no pudo realizar por la primera orden que habría dado el imputado-, provocando faltas y sanciones a la víctima.

En total, fueron siete los delitos por los cuales Barceló fue juzgado: abuso de autoridad y amenazas coactivas y falsificación de documentos (hecho 1); abuso sexual simple (hechos 3 y 5) y en grado de tentativa  (hecho 4); abuso sexual carnal consumado (hechos 2, 3 y 6), y en grado de tentativa (hecho 7), agravados por ser cometido por un integrante de la fuerza de seguridad.