La jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso allanar esta tarde el despacho del ex senador Edgardo Kueider, ubicado en el tercer piso del Palacio Legislativo y otras dos oficinas de asesores y personal administrativo en el Anexo del Senado, en Av. Hipólito Yrigoyen 1710.

Lo ordenó en el marco de la causa en la que se investiga al ex legislador entrerriano por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de dinero.

Kueider había perdido sus fueros el jueves de la semana pasada tras ser expulsado de la Cámara alta por una amplia mayoría de votos, lo que habilitó el ingreso y registros de sus despachos. Ese mismo 12 de diciembre, por la mañana, la magistrada había pedido el desafuero con fines de detención del ex senador y su secretaria, Iara Guinsel Costa, y le había solicitado a la presidencia de la Cámara Alta, a cargo de Victoria Villarruel, que “extremara las medidas” para garantizar la preservación de posibles pruebas para la investigación.

Ese día, la presidencia desalojó a los empleados que estaban en los despachos, y luego estos fueron cerrados y fajados hasta hoy. Desde entonces, permanecen con custodia de la Policía Federal las 24 horas. 

El operativo comenzó alrededor de las 18 hs bajo extremo hermetismo, ya que el expediente está bajo secreto de sumario. Al edificio del Senado llegaron efectivos de Gendarmería de civil en vehículos no identificados, con la presencia de personal del Juzgado Federal de San Isidro y de la Fiscalía a cargo de Fernando Domínguez.

En el allanamiento, los efectivos de Gendarmería comenzaron a revisar biblioratos, cajones del escritorio, y a desenchufar computadores para retirarlas. El objetivo del ingreso y registro de los despachos es llevarse información de las computadoras que pudiera ser de interés para la causa, documentación, pendrives, posibles llaves de una caja fuerte o las que se usan en criptominería, como la que tenía en su poder cuando fue detenido al intentar ingresar a Paraguay con USD 211.000 sin declarar.

La decisión de avanzar hoy con el allanamiento se desencadenó luego de que, esta mañana, el juez en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico rechazara in limine la acción de amparo presentada por el ex legislador entrerriano para pedir la nulidad de la sesión en que fue expulsado.