El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso en las últimas horas el traslado a una cárcel de máxima seguridad del ciudadano venezolano detenido el 20 de diciembre pasado en el puerto de Ituzaingó, provincia de Corrientes. Se trata de un hombre de 35 años, identificado como JFPV, que quedó alojado bajo un régimen de alto riesgo mientras avanzan las actuaciones para su expulsión del territorio argentino.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que lo trasladaron hasta el penal federal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. Según se informó, el detenido permanecerá bajo estrictas medidas de custodia debido al perfil de riesgo que presenta el caso.

Las investigaciones lo vinculan con la organización criminal transnacional conocida como Tren de Aragua. De acuerdo con registros del Homeland Security Investigations, el hombre había sido expulsado de Estados Unidos en enero de 2025 tras constatarse su ingreso ilegal y la presencia de tatuajes asociados a integrantes de esa banda. Previamente, en junio de 2024, había sido arrestado en ese país por no contar con documentación habilitante para permanecer allí.

Durante su detención en Argentina se le incautó un arma blanca y, en los controles médicos de rutina, se detectó que tenía una bala alojada en el abdomen y numerosas cicatrices compatibles con heridas de arma blanca. Para explicar esas lesiones, el hombre afirmó haber pertenecido al Ejército venezolano. Además, se estableció que tenía un pedido de arresto emitido por autoridades judiciales del municipio de Peel, en la provincia canadiense de Ontario, por causas vinculadas a lesiones agravadas y amenazas.

A partir del cotejo de huellas digitales, la Oficina Central Nacional de Interpol en Venezuela informó que el imputado registra antecedentes policiales por homicidio intencional y por delitos vinculados al porte y ocultamiento de armas, cometidos en 2012 y 2013. Informes incorporados a la causa también señalan que el Tren de Aragua se encuentra incluido en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, lo que refuerza la decisión de mantener al detenido bajo un régimen de máxima seguridad mientras continúan las actuaciones judiciales y administrativas.