El fiscal general Patricio Sabadini, responsable del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia, solicitó la imputación como personas jurídicas de cuatro sociedades que habrían sido utilizadas como parte del entramado en las presuntas maniobras de lavado de activos que se investigan y habrían sido cometidas con la cadena de gimnasios Exen en distintas localidades de las provincias de Chaco y Corrientes.

El pedido fue formulado el martes pasado ante la jueza Zunilda Niremperger, a cargo del Juzgado Federal de Resistencia, al ampliar su requerimiento de instrucción, en la causa que tiene como imputados, ya procesados, a cuatro integrantes de un grupo familiar y a un socio, y alcanza a las firmas EXENGYM S.R.L., RANA S.R.L., EXEN ACADEMY S.A.S. y PAMPAFITNESS S.A.S.

El requerimiento se sustenta en el artículo 304 del Código Penal, que permite atribuir responsabilidad a las personas jurídicas cuando el delito de lavado de activos previsto en el artículo 303 es cometido en su nombre, con su intervención o en su beneficio.

Además, Sabadini solicitó que los representantes legales de las cuatro sociedades presten declaración indagatoria respecto de los hechos y la calificación legal propuesta en la causa.

Como medida cautelar, el fiscal pidió la suspensión temporal de las actividades comerciales y de la personería jurídica de las cuatro sociedades, con el objetivo de evitar la continuidad de las maniobras que se les atribuyen.

Las sociedades y los gimnasios

De acuerdo con el dictamen, EXENGYM S.R.L. explota los establecimientos Exen Illia, Exen Santiago, Exen Las Heras y Exen Barranqueras; RANA S.R.L. tiene a su cargo Exen Club; EXEN ACADEMY S.A.S. explota Exen Guaraní y PAMPAFITNESS S.A.S., Exen Pampa. Las cuatro sociedades tienen como integrantes, administradores o representantes legales a personas que también se encuentran vinculadas a la investigación.

Dinero en cajas secuestrado en los allanamientos. Foto: Gendarmería Nacional

Para Sabadini, la reconstrucción financiera realizada durante la pesquisa permite sostener que la utilización de estas estructuras societarias no respondería a una genuina lógica de expansión comercial, sino que habría conformado una estructura destinada a canalizar fondos de origen ilícito.

“El nivel de actividad y el volumen de inversión inyectado no guardan correlato ni coherencia mínima con la densidad demográfica, las características socioeconómicas ni la capacidad de consumo de las zonas geográficas elegidas para el despliegue de los locales comerciales, lo que constituye un elemento de convicción unívoco que evidencia que las estructuras jurídicas analizadas no operaban como unidades de negocios legítimas, sino como mecanismo de aplicación e integración de fondos espurios al circuito económico formal bajo una falsa apariencia de rentabilidad y éxito empresarial”, señaló el fiscal en el dictamen.

En ese sentido, el fiscal sostuvo que las sociedades fueron constituidas y utilizadas para la “inserción, disimulación y reciclaje de fondos de origen ilícito en el mercado económico formal”.

El requerimiento agrega que las cuatro personas jurídicas habrían funcionado como “personas interpuestas con explotación comercial real”, mediante las cuales se desarrollaron operaciones comerciales, entre ellas la adquisición de máquinas y equipamiento, la contratación de locales, la apertura de cuentas bancarias y billeteras virtuales y la emisión y recepción de facturación.

El caso

La investigación se inició a partir de información aportada por una persona que se acogió al régimen del arrepentido en otra causa y vinculó a una organización narcocriminal con el grupo familiar ahora imputado por lavado.

Sabadini inició una investigación preliminar a partir de la cual determinó que la cadena de gimnasios Exen tuvo una rápida expansión en Chaco y Corrientes: seis establecimientos fueron instalados en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, mientras que una séptima sede se encontraba en desarrollo en la ciudad de Corrientes, en un período de 17 meses, entre febrero de 2025 y julio de 2026.

“El nivel de actividad y el volumen de inversión inyectado no guardan correlato ni coherencia mínima con la densidad demográfica, las características socioeconómicas ni la capacidad de consumo de las zonas geográficas elegidas para el despliegue de los locales comerciales", señaló el fiscal Sabadini.

En el requerimiento de instrucción presentado en agosto, Sabadini le atribuyó a los imputados haber puesto en circulación en el mercado fondos de origen ilícito, “posiblemente provenientes del delito de narcotráfico y/u otros delitos de acción pública”.

En aquella oportunidad, el fiscal ya había considerado que resultaba económicamente inviable justificar la apertura de siete sucursales en un lapso tan breve, dado que la expansión suponía una disponibilidad inmediata y sostenida de liquidez que —según la hipótesis fiscal— no podía explicarse únicamente a partir del flujo de caja generado por la propia actividad comercial.

El 28 de agosto pasado, la jueza Niremperger dictó el procesamiento y la prisión preventiva para cinco personas: cuatro como coautores del delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, y a una quinta como partícipe necesario. También dispuso embargos por más de 8.700 millones de pesos.

La resolución destacó, entre otros aspectos, que la maquinaria y el equipamiento deportivo encontrados en las siete sedes fueron valuados en aproximadamente 1.877.888 dólares, y señaló una “discordancia objetiva” entre la magnitud y continuidad de la expansión de los establecimientos y la reconstrucción alcanzada sobre el origen y aplicación de la totalidad de los recursos movilizados.