El expediente que investiga la fabricación y distribución de fentanilo contaminado incorporó una nueva etapa de análisis técnico que podría modificar de manera sustancial la situación judicial de los acusados. El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ordenó al Cuerpo Médico Forense la realización de pericias detalladas para evaluar el impacto físico y mental en los pacientes que sobrevivieron al uso del anestésico adulterado, así como el grado de incidencia que tuvo la sustancia en las muertes ya acreditadas.

Hasta el momento, el juzgado considera probadas 111 muertes asociadas al fentanilo contaminado, aunque no descarta que la cifra pueda incrementarse. En paralelo, se analizarán 48 pacientes sobrevivientes, con el objetivo de establecer si sufrieron lesiones irreversibles, secuelas permanentes, incapacidad laboral prolongada, riesgos de vida futuros o daños psicológicos duraderos. Ese dictamen será determinante para definir cuántos delitos se imputarán finalmente a los responsables.

Actualmente, los acusados están procesados por 20 muertes, pero la confirmación de un número mayor de víctimas podría elevar de forma considerable la expectativa de pena, que oscila entre 10 y 25 años de prisión por adulteración de sustancias medicinales y por poner en peligro la salud pública. Las defensas de los imputados ya apelaron las medidas ante la Cámara Federal de La Plata y se prevé que vuelvan a hacerlo una vez que se agrave formalmente su situación procesal.

La causa es considerada por la Justicia como el mayor desastre sanitario de la historia reciente del país, al nivel de tragedias como el siniestro ferroviario de Once o el incendio del boliche Cromañón. La investigación avanzó con rapidez inusual, apoyada en historias clínicas, estudios bacteriológicos y pericias científicas que permitieron consolidar un volumen de pruebas significativo en poco tiempo.

El origen del caso se remonta al 8 de mayo de 2025, cuando la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió el uso de fentanilo fabricado por HLB Pharma Group SA y producido por Laboratorios Ramallo SA. A partir de esa advertencia se desplegó una investigación que reveló graves fallas en la cadena de producción, con lotes que presentaban contaminación bacteriana y deficiencias en los controles de calidad.

Las pericias ya incorporadas al expediente vincularon las muertes a infecciones por bacterias multirresistentes, capaces de provocar cuadros fatales en menos de un mes. También se detectaron debilidades en los controles estatales y deficiencias en la documentación médica de algunos casos, lo que llevó al juzgado a depurar el universo de víctimas hasta dejar en pie 159 historias clínicas con evidencia científica sólida.

Con los nuevos informes que deberá elaborar el Cuerpo Médico Forense, el juez busca cerrar el esquema definitivo de responsabilidades y daños. Si la Cámara Federal confirma los procesamientos y las pericias amplían el número de víctimas, la causa podría ser elevada a juicio oral a mediados de 2026, en uno de los procesos judiciales más complejos y sensibles que haya enfrentado el sistema de salud y la industria farmacéutica en Argentina.