Los fiscales brasileños presentaron una demanda contra la agencia sanitaria Anvisa y el Gobierno Federal para prohibir el uso del herbicida más vendido, el glifosato. La medida representa un posible golpe para las empresas químicas en la mayor economía de América Latina. Una división especial de la Fiscalía, encargada de proteger los derechos de los trabajadores, presentó el viernes una acción judicial. El objetivo principal es impedir el registro de productos que contengan glifosato y sus derivados.

La demanda también busca frenar la autorización para producir, exportar, importar, vender y utilizar el ingrediente activo. En este sentido, los fiscales advirtieron sobre riesgos para la vida humana, la salud ocupacional y el ambiente laboral.

Una cancelación efectiva del registro del glifosato en Brasil tendría un fuerte impacto en compañías como la alemana Bayer AG. Esta empresa ha empleado el ingrediente en diversas formulaciones desde que expiró su patente en el año 2000. Anvisa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Asimismo, la Procuraduría General de Brasil, que representa al gobierno federal en los tribunales, tampoco emitió respuesta.

Estudios alertan sobre riesgos asociados al glifosato

En este sentido, la demanda se produce meses después de que la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology retirara un artículo publicado hace décadas. Ese estudio afirmaba que el glifosato no planteaba riesgos para la salud, pero se descubrieron “posibles conflictos de intereses de los autores”.

Los fiscales señalaron que ese informe, ahora retirado, fue utilizado por organismos reguladores de todo el mundo como referencia para permitir el registro y la venta del herbicida. Además, citaron estudios que muestran que los residuos en el agua potable representan una amenaza para la salud humana.

En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó el glifosato como “probablemente cancerígeno para los humanos”. “Es una cuestión de salud pública”, afirmó el fiscal brasileño Leomar Daroncho. Y agregó: “La autoridad competente debe tomar medidas para reevaluar los riesgos cuando haya una alerta o advertencia contra el uso de pesticidas por parte de organizaciones internacionales responsables de la salud”.

La polémica también se refleja en Estados Unidos. El movimiento Make America Healthy Again, liderado por Robert F. Kennedy Jr., critica que abogados de la administración Trump pidan al Tribunal Supremo proteger a Bayer. En este contexto, se han presentado numerosas demandas en EE.UU. alegando que el glifosato, incluido en productos de la marca Roundup, puede causar cáncer linfoma no Hodgkin y mieloma múltiple.

La empresa alemana enfrenta un litigio que se extiende desde hace una década y que ya le costó más de US$10.000 millones. A finales de 2025, las provisiones y responsabilidades de Bayer vinculadas al glifosato ascendían a US$11.300 millones, reflejando la magnitud del conflicto judicial.

Antecedentes de prohibiciones en Brasil

Bayer sostiene que no existen motivos para preocuparse por la seguridad de sus productos con glifosato. En 2016, la firma adquirió a la estadounidense Monsanto, responsable de popularizar el glifosato en la década de 1970. Desde entonces, el ingrediente activo se convirtió en la sustancia más utilizada en el mundo para controlar malezas.

En este sentido, Monsanto lanzó en 1996 una soja modificada genéticamente capaz de resistir aplicaciones del herbicida. Posteriormente, la misma tecnología se aplicó a semillas de maíz, algodón y colza, consolidando el uso masivo del glifosato en la agricultura global.

Asimismo, en 2023 los fiscales laborales brasileños solicitaron una orden judicial para prohibir el uso del pesticida atrazina. Sin embargo, no se tomó ninguna decisión definitiva, dejando abierta la discusión sobre el futuro de otros químicos agrícolas en el país.